Un reciente sondeo de opinión realizado en el blog de la revista Con Sentido (http://revistaconsentido.blogspot.com/), donde participaron numerosos contactos y cibernautas de diferentes partes del país e, incluso, del extranjero, confirmó una necesidad muy sentida en la sociedad peruana, necesidad que el régimen actual se resiste a aceptarlo.
Y es que, una porción importante de peruanos, estima pertinente iniciar, ya, con el proceso de reconciliación, pero de una reconciliación real, auténtica y urgente que ponga término a las secuelas de la más violenta confrontación armada de todo el período republicano, que ponga fin al encono, a las venganzas, a los odios engendrados por el conflicto, pues, estos sentimientos, solo benefician a sectores que no han sufrido directamente el horror de la guerra e impiden que la sociedad peruana avance en el proceso de construcción de la nación. ¿Qué sentido tendría hacer otra cosa, si los protagonistas de la guerra –el Estado a través de las Fuerzas del Orden y los subversivos que le declararon la guerra al primero– no participan del proceso de reconciliación? Eso es lo que corresponde: una auténtica reconciliación que esté lejos de la hipocresía planteada por la denominada Comisión de la Verdad y de sus defensores (que actúan movidos por el interés económico de los fabulosos ingresos que extrajeron de aquella lucrativa comisión).
Una reconciliación –lo hemos dicho muchas veces en las páginas de la revista Con Sentido– no sugiere obviamente una reconciliación de clases, sino un procedimiento político que cierre el capítulo definitivo de lo que fue el conflicto armado interno. Al mismo tiempo que ayude a cerrar las heridas de los afectados en general, en perjuicio de aquellos que lucran manteniendo abiertas las heridas.
La amnistía general es otra necesidad
Una extraña coincidencia dirían muchos al escuchar hablar del mismo tema a personajes de colinas opuestas: Valle Riestra, Armando Villanueva y algunos generales de las Fuerzas Armadas por un lado y Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y sus seguidores, por el otro. Pero nadie que se precie de conocer algo de la historia de nuestro país y que se sienta identificado con la necesidad de darle una salida política a un proceso político –como fue la guerra de los ochenta–, puede mantenerse en silencio o ponerse en contra de esta necesidad.
Han transcurrido 30 años del inicio de la guerra interna y algo más de 17 (años) del término de ésta y, sus secuelas, han sido sumamente dramáticas.
Durante las dos primeras décadas, según información de Amnistía Internacional, 21 mil personas han pisado las cárceles y, continúan presos, algo más de 370 (350 acusados por “terrorismo” de los 21 mil y 18 militares por violación a los “derechos humanos”), 748 militares con procesados encima, 70 mil muertos, 4,500 fosas clandestinas con más de 15 mil desaparecidos, alrededor de 5 mil requisitoriados, cientos de expatriados, millones de hogares principalmente del campo en un completo abandono y una legislación antiterrorista, hecha para la guerra y que hoy, al amparo de sus disposiciones, se norma en contra de la protesta social. Eso es lo que se observa luego del término de la guerra, una guerra que, más allá del deseo de muchos –cuando se piensa que no debió ocurrir jamás–, simplemente se dio y, lo cierto es que ha terminado, pero con resultados que reclaman una salida política.
Una salida política ¡para todos!, no para unos o para otros, sino ¡para todos! Una salida que permita el compromiso de los militares para ir ubicando las fosas y los cuerpos de seres humanos que desaparecieron (principalmente durante 1983 y 1984), sin la férula de la posterior sanción penal que, luego de 20, 25 y 30 años no tiene mayor sentido. Y si se acusa de estar a favor de la impunidad, la respuesta es clara: la impunidad es problema del Estado que no sancionó oportunamente y que recibió la “bendición” de la Comisión de la Verdad, permitiendo que algunas personas incluso murieran sin asumir sus responsabilidades (caso Belaúnde, Noel Moral, etc.).
La historia debe cerrar este capítulo y abrir otro. Cerrar un capítulo de la historia reciente dándole salida política a los problemas derivados de la guerra interna.
Una nueva y buena tendencia
La conducta revanchista mostrada por un grupo de miraflorinos contra la liberación de la norteamericana Lori Berenson, sentenciada a purgar condena por delito de “terrorismo”, felizmente no ha pasado de ser un hecho casi anecdótico y, la venganza, el odio y los rencores, han dejado de ser una tendencia en el país.
Es más, aquella postura –reservada a cierto sector de la sociedad peruana– hasta parece haber sido útil en algún sentido, pues ha permitido ponderar el estado actual de la percepción de los peruanos.
Un ensayo (véase en la tabla siguiente) de lo que puede significar una evaluación en gran escala y a una muestra de mayor volumen de peruanos, nos plantea esa posibilidad. La mayoría (88%) no está por la venganza: no está por solidarizarse con expresiones como aquella que se lanza contra Berenson: “Es una terrorista, no merece el perdón de la sociedad”, en cambio la idea de que “La guerra interna ha concluido. Ya es hora de terminar con las venganzas”, comienza ha tomar cuerpo.
Una salida política, una solución política es una necesidad.
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