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viernes, 13 de agosto de 2010

LA VERDAD SE ABRE PASO SOBRE SALVAJE REQUISA EN PENAL DE CHORRILLOS

Requisa psicosocial


http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/

Por: Paola UgazHace algunas semanas, el 24 de junio pasado, se llevó a cabo una requisa de alto perfil – con la presencia del director y el subdirector del INPE– en el Anexo del Penal Santa Mónica de Chorrillos. El propósito mediático se hizo patente cuando en pleno registro se fue distribuyendo a la ansiosa masa reporteril convocada afuera, varios videos cortos y fotos de lo que acontecía dentro del penal.
La requisa, que se realizó con una fuerte movilización del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, reforzados por un sustancial contingente de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP; y, además, con la presencia de tres fiscales, terminó sin que se encontrara nada de importancia con relación a temas de seguridad, ni interna ni externa. Por lo menos eso es lo que se sabe hasta ahora, dado que parte del material incautado continuaba lacrado en la II Fiscalía Supraprovincial de Terrorismo la última vez que IDL-Reporteros preguntó por él.
De hecho, todo el ruido de la requisa, fue seguido por un incómodo silencio de las autoridades, –especialmente del Ministerio Público y, sorprendentemente, de la Defensoría del Pueblo– que parecen querer hablar lo menos posible sobre el tema.

En todo ese proceso, ha habido una sola sanción significativa: la destitución de la directora del Penal, Gloria Estrada, junto con otras personas de su equipo de trabajo.
Desde entonces, en por lo menos una publicación de “El Comercio” y, en menor grado en “Panorama”, se demostró que las razones, la oportunidad y sobre todo la fanfarria de la requisa, fueron otras tantas partes de una farsa. Quedó demostrado, por ejemplo, que la petición de libertad condicional de Maritza Garrido Lecca había sido denegada por las autoridades del Penal Santa Mónica dos semanas antes de la requisa.
Pero lo que no se ha revelado todavía es que durante la requisa, y pese a la presencia de fiscales, se hurgó la vagina de más de una docena de reclusas senderistas y comunes en condiciones inequívocamente vejatorias. El propósito no parece haber sido otro que la humillación de las reclusas. La única razón esgrimida por las autoridades ha sido la de recuperar un supuestamente perdido “principio de autoridad”. No explican, sin embargo, cómo se recupera dicho principio, en caso de haberlo perdido, humillando a las reclusas.
La requisa del Pabellón B se inició a las 5.25 de la tarde del jueves 24 de junio. En dicho pabellón hay 77 reclusas, de las cuales 42 son sentenciadas senderistas. A esa hora irrumpieron en el Pabellón B, unas docenas de funcionarios del Goes-INPE y policías de la Dircote, entre hombres y mujeres.

La primera zona registrada fue el tercer piso, donde viven las senderistas. Ni bien iniciada la requisa, ésta se perturbó de inmediato con el anuncio de la revisión vaginal. “Fui la primera interna a la que se le hizo este tipo de revisión, dice Maritza Garrido Lecca, “y lo increíble es que al quejarme ante la fiscal me ignoró y le dijo al personal del Inpe-Goes: Actúe, actúe, actúe”.
Garrido Lecca sostiene que fue hurgada internamente tres veces sin los cuidados correspondientes y frente a policías de sexo masculino ubicados en las rejas de su celda.

Nada de eso salió en los videos que el Inpe repartió a los periodistas, pero se puede escuchar las protestas a gritos por las “revisiones humillantes y vejatorias”.(Ver vídeos del Inpe en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/).
Mientras eso ocurría, llegó, según varios testimonios, la enfermera del penal al tercer piso, luego de ser llamada por los del Inpe, pero al ver la escena se negó a revisar a Garrido Lecca y se retiró.

Otra reclusa, Edith Espinoza Montano -una interna senderista del ala B, sostuvo que funcionarios de penales de ambos sexos la desnudaron a viva fuerza y le “revisaron” la vagina ante una fiscal, que instaba a actuar al personal de penales.
En el tercer piso, hurgaron la vagina de varias otras detenidas –coincidentemente entre las más jóvenes–. Tanto Maruja Arango Chávez, Miriam Espino Salinas, Yohany Espinoza Vinces, Carolina Córdoba Alzamora, Marisol Venturo Ríos como Sara Vallejo Vásquez, sostienen haber pasado por ese trance.
Pero no solo se revisó a las senderistas. Pasada la medianoche, el personal del Inpe revisó a varias de las reclusas comunes del segundo y el primer piso.
A todas les pidieron que se bajen los pantalones.Una interna que pidió reserva de nombre, dijo a IDL-Reporteros que “al filo de la medianoche nos hicieron bajar al patio y luego nos obligaron a bajar la trusa. Fue todo muy humillante porque en esas condiciones nos hicieron ‘ranear’ en el patio”.
¿Por qué se hizo eso? Es cierto que hay circunstancias en las cuales es necesario hacer revisiones íntimas (aunque, por ejemplo, a los sospechosos de ser “mulas” de narcotráfico y de llevar droga dentro del cuerpo se los somete a radiografías). Además, incluso si no se dispone de medios para radiografiar a un interno, las revisiones íntimas deben realizarse en ambientes adecuados (por ejemplo, en este caso la enfermería que está en el primer piso) y por personal adecuado, del mismo sexo y con las condiciones higiénicas necesarias. Todo eso era posible de hacerse ese día, y no se hizo. ¿Por qué?

IDL-Reporteros preguntó sobre ello al ministro de Justicia Víctor García Toma. “Había una solicitud de requisa desde comienzos de año, para Chorrillos”, dice García Toma, “pero yo, por principio, no quise saber la fecha… tuve conocimiento de la requisa por el incidente que se produjo… me llamó Rodríguez Rabanal, para indicar que Maritza Garrido Lecca se había introducido un chip en la vagina”.
García Toma dispuso de inmediato que se apersonara un médico legista. “Llamamos al médico legista” dice, “pero no conozco si llegó antes o después de la revisión vaginal o si se revisó a más vaginalmente… debe haber un acta del Ministerio Público”.

IDL-Reporteros pidió repetidamente al Ministerio Público acceso al acta de la requisa. Hasta el momento de escribir esta nota, se han negado a proporcionarla (Ver la versión del Ministerio Público en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/ ).
La médico legista Silvia Ganoza Ching recibió, alrededor de las ocho de la noche, una llamada pidiendo “apoyo vaginal”. Otras personas hubieran podido confundirse sobre la naturaleza de dicho apoyo, pero la médico legista sabía de qué se trataba, puesto que se constituyó de inmediato al penal.
El cuaderno de ingresos registra que llegó a las 8.37 pm y salió a las 9.55 pm. Pero, la médico legista no entró al Pabellón B.
“No hemos hecho ningún examen”, dice Silvia Ganoza, “yo no he hecho ningún examen vaginal. Pidieron el apoyo del médico legista para apoyo vaginal [sic] pero no se llevó a cabo, porque cuando ya se llegó las reclusas ya no se querían hacer el examen…Yo médico legista, la doctora Silvia Ching, no he hecho ninguna revisión”.

¿Por qué llegó, entonces? “La fiscal a cargo” dice Ganoza,“solicita un médico legista porque había habido, no me dicen nombres, una persona que se había introducido un objeto en la vagina. Entonces nosotros llegamos, justamente imaginábamos que ya estaba en emergencia, me imaginé que era una cosa más grande. Entonces cuando yo llego me dicen que el incidente ya había pasado. Inclusive pregunté si alguien decía que quería sea evaluada, y me dijeron que no había ninguna novedad”.
La médico legista regresó a la medianoche y se quedó llenando papeles, dando más bien apoyo gráfico, hasta la madrugada.
El presidente del Inpe, Rubén Rodríguez Rabanal, que se mantuvo fuera del pabellón, dice lo siguiente respecto de las revisiones íntimas: “Esa búsqueda se realizó a pedido de la policía y representantes del Ministerio Publico que se encontraban presentes y por ese motivo contactamos con la Fiscalía de la Nación y se hicieron presentes los médicos legistas”. Cuando se le observa que la médico legista no estuvo presente en las revisiones, Rodríguez Rabanal dice que: “Las horas no las manejo, el tiempo que llegaron no sabría responderle si era 8.35 pm. Si tiene esa información no sé de donde procede, pero supongo que viene del ingreso de esas personas”. (Ver transcripción de los extractos principales de la entrevista a Rodríguez Rabanal. Escuchar el audio en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/ ).
Sobre el mismo tema, IDL-Reporteros realizó una entrevista al ex presidente del Inpe, Wilfredo Pedraza, quien señaló que “la revisión íntima está regulada en el reglamento del Código de Ejecución Penal. Está regulado en el Capítulo III” (Ver documento en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/ ).

Sobre procedimientos de requisas y de revisiones íntimas durante aquellas, IDL-Reporteros consultó a expertos en asuntos penitenciarios, entre ellos varios expresidentes del Inpe.

Vea entrevista a Wilfredo Pedraza, Entrevista a Gustavo Carrión, Entrevista a Leonardo Caparrós en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/

Durante el operativo, la directora del Penal, Gloria Estrada fue aislada por sus superiores y se le pidió que no entrara a la requisa. Luego, varias autoridades del sector indican que una de las razones fundamentales por las que se llevó a cabo esa acción fue para “recuperar el principio de autoridad” supuestamente relajado y perdido por Estrada.
“Había problemas con la directora”, dice el ministro de Justicia García Toma, “por excesiva horizontalización [sic] de la relación con las presas”. Rodríguez Rabanal se expresa en forma parecida (ver entrevista) (escuchar audio en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/ ).
Pero la evidencia que tiene IDL-Reporteros apunta más bien a que la gestión de Estrada había sido aplaudida por las autoridades, por mantener la paz en el penal y lograr éxitos en el proceso educativo y de resocialización.

El siguiente video, de la visita al penal de las congresistas Cuculiza y Pérez del Solar, lo demuestra (ver video en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/ ).

Pero no solo eso. El propio Rodríguez Rabanal aplaudió poco antes la gestión de la directora y la elogió ante todos en un animado desfile de modas al que asistió sin gran temor a la “horizontalización”.
¿Es la “horizontalización” [sic] un pecado o un defecto en políticas penitenciarias? Las siguientes entrevistas a expertos y activistas en derechos humanos plantean opiniones que divergen claramente de García Toma y de Rodríguez Rabanal (aunque coincidan con las expresiones de éste en el desfile de modas por el Día de la Mujer).

Ver lo que dice Rocío Silva Santisteban

Y Wilfredo Pedraza en http://idl-reporteros.pe/2010/08/12/requisa-psicosocial/

¿Rodríguez Rabanal se contradice a sí mismo? Es evidente que sí. Entonces, la única explicación es que la requisa no haya tenido nada que ver con la técnica o la ciencia penitenciaria y sí más bien mucho con la artesanía de los psicosociales.

jueves, 12 de agosto de 2010

Rigoberto García: Addenda al contrato de concesión del Terminal terrestre ratifica traición del alcalde Martinelli

Revista Con Sentido, agosto 12 de 2010. Una raya más al tigre. La addenda –añadidos al contrato inicial– solicitada por el alcalde de Huamanga Germán Matinelli al contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y Terrapuerto Plaza Wari S.A.C. vuelve a evidenciar nuevas irregularidades y presumibles actos de corrupción en el proceso de concesión del Terminal Terrestre. Así lo dieron a conocer Richard Llacsahuanca y Rigoberto García de la alianza política TUNA en una conferencia de prensa realizada hoy en horas de la mañana en un local céntrico de la ciudad de Ayacucho.


La addenda suscrita el 6 de agosto último modifica aspectos medulares del contrato firmado secretamente en la ciudad de Lima por el representante de la Municipalidad de Huamanga, Germán Martinelli en su condición de Alcalde y los representantes de Terrapuerto Plaza Wari, empresa que habrá de administrar el Terminal terrestre.

Y si bien esta modificación fue solicitada a iniciativa del Comité Especial de Concesión del Terminal Terrestre de la Municipalidad de Huamanga, situación que podría entenderse como un interés por mitigar el descontento generalizado a raíz del cuestionamiento de la indicada concesión o de corregir aspectos lesivos en el contrato a los intereses de la comunidad ayacuchana; lamentablemente, dicha addenda no trasluce esta intención. Por el contrario evidencia algo sumamente grave: Martinelli se compromete a resolver la titularidad de los terrenos donde ha sido construido el Terminal Terrestre en un lapso no mayor de 6 meses, en caso contrario –indica el documento–, quedará resuelto el contrato con implicancias perjudiciales para los intereses de la comunidad ayacuchana.

El segundo párrafo del numero 4.9, sorprendentemente, señala “El concedente (La Municipalidad Provincial de Huamanga) asume la obligación de concluir el proceso de inscripción registral de los terrenos y edificaciones del Terminal a su costo. Si esta formalización no ocurre en el plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción del contrato de concesión, y las partes no convinieran la renovación de dicho plazo, el concesionario podrá optar por invocar la caducidad del contrato por culpa del concedente.”

La gravedad del tema, según denuncia de los representantes de la Alianza Política TUNA, es que dicho terreno enfrenta un litigio con sus antiguos propietarios (la familia Escarcena), razón por la cual, el Gobierno Regional de Ayacucho, antes de transferirlo a la Municipalidad de Huamanga, no logró inscribirlo en la Superintendencia de Bienes Nacionales. Esto haría presumir que la referida addenda habría sido formulada deliberadamente para favorecer a la empresa concesionaria, por cuanto la solución al tema de la titularidad de dicha propiedad estará sujeta al proceso penal que se sigue en el poder judicial y como se sabe, los procesos judiciales en el Perú superan cualquier pronóstico en términos de plazos.

En tal sentido, es evidente que el compromiso asumido a iniciativa propia por la Municipalidad de Huamanga a través de su Alcalde, no encuentra mayor propósito que allanar el camino a la empresa para invocar la caducidad del contrato por “culpa” del concedente.

Lo otro es que en seis meses, Germán Martinelli –candidato a la reelección con exiguas posibilidades de victoria, según las últimas encuestas– habrá dejado la Municipalidad de Huamanga y, será el nuevo alcalde el que cargue con los pasivos de un contrato deleznable e inicuo, obligándose a pagar cualquier indemnización que exija la empresa concesionaria o, a lo mejor, viéndose sometida a cualquier otro arreglo para evitar el pago de una incalculable indemnización.

La concesión del Terminal terrestre ha enfrentado un sostenido cuestionamiento de parte de muchos sectores sociales de la región, merced al conjunto de irregularidades y de sospechosas decisiones municipales, como el de la aprobación de la ordenanza que aprueba la estabilidad tributaria, documento con el cual quedó lacrado el contrato de concesión y sin posibilidad de modificación alguna.




Lo que parece absurdo es que la modificació del contrato exige a la empresa la construcción de un ascensor y una escalera mecánica como si el edificio tuviera diez o más pisos. Y lo cierto es que son solo dos niveles y será el primero el que utilicen los pasajeros para embarcar o desembarcar de los carros.

El dato:

Una reciente encuesta realizada por la revista mensual de análisis político Con Sentido confirmó el amplio rechazo a la suscripción del contrato promovido por el alcalde Martinelli y la empresa Terra Puertos. Véase edición Nº 22, agosto 2010.