DINCOTE Y FISCAL SE ENSAÑAN CON PRISIONERAS POLÍTICAS

Revista Con Sentido. La requisa realizada el último fin de semana por el Instituto Nacional Penitenciario-INPE, orientada especialmente al pabellón “B” del Penal de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentran más de 40 internas acusadas por el delito de terrorismo, comienza a exponer sus verdaderas intenciones gracias a las denuncias formuladas a través de diferentes medios de comunicación por familiares, abogados y por las mismas prisioneras que fueron víctimas de una brutal agresión durante el operativo policial.

Según denuncia de las agraviadas, la incursión de más de 300 efectivos del orden, tuvo el claro objetivo de justificar el anuncio presidencial –hecho hace algunas semanas– con el cual García Pérez ofreció personalmente impedir que “salga algún terrorista” de las cárceles peruanas, apropósito del pedido de libertad condicional de un grupo de prisioneros que cumplen condena efectiva por más de 15, 20 y 22 años.

García Pérez, atendiendo a los requerimientos del sector más conservador de la derecha peruana, a la que representa actualmente, formuló este comentario asegurando además que el pedido de amnistía promovido por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, insólitamente es –para él– delito de “apología al terrorismo” e insistió que no dejará en libertad a ningún terrorista, atribuyéndose la potestad de conceder o no libertad a prisioneros encausados en delitos políticos y, a su vez, evidenciando su injerencia en las decisiones judiciales.

La requisa ha sido considerada ilegal por los abogados y las mismas internas, pues viola lo establecido en el Artículo 107º del Código de Ejecución Penal al no haber existido autorización de parte de la Dirección del Establecimiento Penitenciario para el ingreso de personal policial (presencia que se encuentra prohibida expresamente por Ley). Dicha ilegalidad alcanza a la propia Fiscal Provincial Penal de Turno, Rosario Quico Palomino, quien, además de prevaricar, habría cometido abuso de autoridad, al permitir la brutal agresión contra las 40 internas y dos bebés.

Como en los viejos tiempos, GESTAPO peruana actuó con saña.

Al puro estilo de los años noventa, alrededor de cien efectivos de la Dirección Nacional contra el Terrorismo –calificada entonces como una especie de GESTAPO peruana–, intervinieron el penal de Mujeres de Chorrillos acompañados de doscientos uniformados del Grupo Operativo Especial del INPE, provistos de armas de fuego, chalecos antibalas, escudos y cascos, con la finalidad de reducir a 40 mujeres, la mayoría de ellas con edades por encima de los 50 y 60 años de edad.

Luego de la violenta incursión, los esbirros procedieron a golpear a las internas, desnudándolas y desarrollando sus revisiones humillantes y vejatorias, robando y destruyendo los pocos materiales de trabajo de las internas, así rezan así las múltiples denuncias hechas por las prisioneras.

Las imágenes mostradas por la televisión –sigue la denuncia– solo exponen parte de los hechos. No registran los momentos de la agresión y de los tratos humillantes contra las internas, abuso que ha regocijado al Ministro Rafael Rey Rey y a un sector de medios de información adictos a las posturas autoritarias del régimen. Sin embargo, la reacción de algunos analistas y políticos no se ha dejado esperar. La propia Rosa María Palacios, conocida por su adhesión a posturas intolerantes, señaló que no se podían incautar libros y documentos, aún aquellos de contenido comunista. “Qué pueden leer los comunistas? ¡Literatura comunista!, es obvio”, aseguró la periodista, en clara observación al despropósito de incautar los libros y documentos de la biblioteca del pabellón.

Ciertamente, este tipo de requisas no se vio en los últimos ocho años, debido a que en todo este tiempo, el comportamiento político de las prisioneras se ajustó al riguroso respecto a las normas penitenciarias, situación que era de conocimiento del gobierno central y de las autoridades del INPE. No obstante, la búsqueda de argumentos orientados a evitar que las internas recuperen su libertad, aún de aquellas que han superado el límite de su encarcelamiento, ha devenido en una irracional requisa que se produjo en medio de una agresión humillante.

Elena Iparraguirre habla de una operación desproporcionada refiriéndose al número de efectivos y a la forma de intervención. Eso puede entenderse si se toma en cuenta que las instalaciones del pabellón solo resiste un aforo de 150 personas y fueron más de 300 los agentes que intervinieron. A ese número debe añadirse la cantidad de internas por delito de terrorismo que suman 40 y más de 60 por delito común.

Federación de Estudiantes del Perú se pronuncia sobre los problemas en "San Marcos"

CONTRA LA AMENAZA DE INTERVENCIÓN EN SAN MARCOS Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS DIRIGENTES ESTUDIANTILES POR

EL GRUPO EL COMERCIO-LA REPÚBLICA

Denunciamos públicamente al gobierno aprista que en componenda con la lista Acuerdo por San Marcos que perdieron en las últimas elecciones de docentes a la Asamblea Universitaria, en forma malintencionada están sobredimensionado una movilización realizada por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) para desestabilizar el actual gobierno universitario y de este modo favorecer al candidato a rector para el próximo año 2011, Manuel Burga Díaz, a un sector de intelectuales que fundamentalmente se encuentran detrás de los informes dados por el diario La República, de ahí que el canal 4 y canal N sean los principales promotores de esta campaña psicosocial que distrae la atención de la protestas que se están dando en Puno y Cusco, además de tratar de evitar cualquier respuesta de los estudiantes y la comunidad universitaria contra la reducción del presupuesto a la Universidad Pública.

Por ello señalamos al movimiento estudiantil.
1.- La Lista Acuerdo Por San Marcos está detrás de esta campaña psicosocial para favorecerse electoralmente y hacerse del poder en la Universidad, para ello utilizan un doble discurso, por un lado claman intervención“…la (UNMSM) se halla agredida por una mafia interna que, escudada en una tergiversada autonomía universitaria, ha roto la legalidad, perpetrando un fraude electoral… la oposición que está dando dura batalla en diversos ámbitos, incluyendo los medios de comunicación, que están poniendo los reflectores…(cuando dicen “medios de comunicación” se refieren al grupo el Comercio - la República, y a los fujimoristas que desde siempre están en contra de la movilización social) Sólo el gobierno central no se ha pronunciado hasta el momento en absoluto sobre lo que ocurre en la primera universidad del país... su real compromiso con el Estado de Derecho roto impunemente en San Marcos” y por otra parte sale el historiador Manuel Burga a decir que “la intervención militar es absurda” para decir luego “No hay autoridad en San Marcos”, ¿qué es? No es otra cosa sino clamar INTERVENCIÓN, tras supuesto “orden y autoridad” que hace falta, sin importarles el desprestigio y la intervención de la UNMSM. Denunciamos a los principales promotores de esta campaña: el historiador Manuel Burga Díaz, el ex Ministro de educación Nicolás Lynch y el filósofo Zenón Depaz, todos ellos, curiosamente, forman parte de la Lista Acuerdo por San Marcos quienes desde hace más de 6 años vienen desinformando a la opinión pública mediante el diario La República, cada vez que sus intereses de grupo está en juego en la universidad, sin dudar en denunciar de pro senderistas a los gremios estudiantiles, docentes o trabajadores, con tal de cumplir sus objetivos, incluso a costa de la integridad física o la privación de la libertad de los sindicados. De igual manera rechazamos la participación de César Lévano, quien desde La Primera está dando tribuna a estas posiciones y es más, se suma a este tipo de denuncias, y ¿cuál es la razón? Pues ¡oh, qué casualidad! su participación en una lista de Acuerdo por San Marcos en la facultad de Letras, favoreciendo así a las posiciones intervencionistas del gobierno, dando tribuna política a Zenón Depaz, orquestando la intervención desde un diario que se dice plural y de izquierda.

2.- Acuerdo por San Marcos, representados en las personas de Manuel Burga, Nicolás Lynch, Zenón Depaz y César Lévano han desinformado señalando que los estudiantes “radicales” y “corruptos” no respetan el referéndum y salen haciendo un llamado al Voto Universal. Discurso totalmente falso, pues es Acuerdo por San Marcos, en las facultades donde no tienen una votación favorable, quien evita a toda costa respetar las decisiones que resultan de la consulta estudiantil, apoyando si fuese necesario, la corrupción, la mediocridad y la difamación para que sus miembros salgan elegidos decanos. Señalan el caso de la Facultad de Letras, pero no señalan que en la facultad de CCSS, facultad a la que pertenecen Manuel Burga y Nicolás Lynch, es donde precisamente el sector docente de Acuerdo por San Marcos están en contra de la consulta estudiantil, porque los estudiantes eligieron al prestigioso y reconocido internacionalmente historiador Waldemar Espinoza Soriano de la lista opuesta a Acuerdo por San Marcos.

3.- El Comercio, La República, La Primera, canal 4, canal N desinforman a favor de los intereses estatales y grandes inversionistas extranjeros que quieren esconder la protestas por el gas que ocurre en Cusco y Puno. Favoreciendo a la política neoliberal y la venta despiadada de los recursos naturales de nuestro país, sin importarles que esto afecte a los peruanos. Política que están manejando en la universidad con la reducción del presupuesto y que pretenden empujar a las universidades públicas a fomentar una universidad empresa desentendida económicamente por parte del Estado pero controlada política y policialmente mediante persecución de los dirigentes estudiantiles.

4.- A pesar que está demostrado que la movilización del lunes 14 fue realizada por el MOVADEF con una participación que no superaba las 50 personas, los medios como La República siguen difamando como si los estudiantes y dirigentes de los mismos fueran senderistas, dando pie a una represión estudiantil. Por otro lado, el Ministro de Justicia Víctor García Toma señala que la manifestación realizada por dicho Movimiento, que pide reconciliación nacional, no cometió ni delito ni apología del terrorismo, pero sin embargo la utilización política que hace el APRA y acusar de terroristas a los estudiantes, sigue por estos medios en componenda con el Estado que necesita una cortina de humo y un pretexto para contener la protesta social.
Por todo ello, rechazamos la manipulación y tergiversación de la información del grupo docente Acuerdo por San Marcos que conjuntamente con el gobierno aprista están promoviendo una intervención de la universidad de San Marcos.

¡Viva la gloriosa Federación de Estudiantes del Perú!

¡Por una verdadera lucha contra la criminalización de los dirigentes estudiantiles!

¡Defender, reformar y transformar la universidad pública!

Miguel Gómez
Secretario de Asuntos Universitarios
JDN – FEP

Wálter Humala será candidato a la presidencia regional de Ayacucho

Revista Con Sentido. A dos semanas de cerrarse el plazo de inscripción de los candidatos regionales, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, en alianza con el Movimiento Etnocacerista en Ayacucho, anunció la candidatura del reconocido cantante popular Wálter Humala a la presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho.


El anuncio se produjo durante la instalación formal del Comité Organizador del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en esta parte del país, que lidera el profesor Cleto Falcón Pantigoso, dirigente del Sute Regional Ayacucho.

Wálter Humala –conocido en el mundo del arte popular peruano– dijo sentirse emocionado por esta circunstancia y, al igual que los dirigentes del llamado Movadef, en lugar de ofertar promesas electorales, ofreció únicamente ponerse al lado del pueblo y acompañarlo en sus luchas.

Más adelante, al responder la pregunta de si tiene vínculo familiar con el líder del movimiento etnocacerista, Antauro Humala, recluido en prisión por el levantamiento militar que protagonizó hace algunos años en Andahuaylas, el intérprete ayacuchano dijo: “Los Humala venimos del mismo tronco”.

Durante la rueda de prensa, ofrecida en un céntrico local de la ciudad de Ayacucho, los representantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales insistieron en su pedido de Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna, Amnistía General tanto para sus presos como para los de las fuerzas del Orden y el inicio de un proceso de reconciliación nacional.

Precisamente ha sido el segundo punto el que provocó cierta polémica entre algunos periodistas y el abogado Manuel Fajardo, secretario general de dicho Movimiento, a quien reclamaron se precise si el pedido de Amnistía General incluía a Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad. Al respecto, Fajardo explicó que, con o sin amnistía, Fujimori saldrá libre. El problema –señaló el abogado– son los presos políticos, para quienes no hay mayores opciones de libertad, como se ha podido apreciar recientemente con la inexplicable campaña contra la liberación de la norteamericana Lori Berenson y la eventualidad de excarcelación de Osmán Morote y Maritza Garrido.

Wálter Humala durante una presentación cultural realizada en la noche del lunes, horas después de la oficialización como candidato a Presidente Regional de Ayacucho.

De izquierda a derecha: Cleto Falcón, Wálter Humala, Manuel Fajardo y dirigentes del Comité Regional del Movimiento por Aministía y Derechos Fundamentales.

 

Romería realizada al Cementerio de Ayacucho en homenaje a los héroes de la gratuidad de la enseñanza.

LA SALIDA POLÍTICA QUE REQUIERE EL PAÍS


Un reciente sondeo de opinión realizado en el blog de la revista Con Sentido (http://revistaconsentido.blogspot.com/), donde participaron numerosos contactos y cibernautas de diferentes partes del país e, incluso, del extranjero, confirmó una necesidad muy sentida en la sociedad peruana, necesidad que el régimen actual se resiste a aceptarlo.

Y es que, una porción importante de peruanos, estima pertinente iniciar, ya, con el proceso de reconciliación, pero de una reconciliación real, auténtica y urgente que ponga término a las secuelas de la más violenta confrontación armada de todo el período republicano, que ponga fin al encono, a las venganzas, a los odios engendrados por el conflicto, pues, estos sentimientos, solo benefician a sectores que no han sufrido directamente el horror de la guerra e impiden que la sociedad peruana avance en el proceso de construcción de la nación. ¿Qué sentido tendría hacer otra cosa, si los protagonistas de la guerra –el Estado a través de las Fuerzas del Orden y los subversivos que le declararon la guerra al primero– no participan del proceso de reconciliación? Eso es lo que corresponde: una auténtica reconciliación que esté lejos de la hipocresía planteada por la denominada Comisión de la Verdad y de sus defensores (que actúan movidos por el interés económico de los fabulosos ingresos que extrajeron de aquella lucrativa comisión).

Una reconciliación –lo hemos dicho muchas veces en las páginas de la revista Con Sentido– no sugiere obviamente una reconciliación de clases, sino un procedimiento político que cierre el capítulo definitivo de lo que fue el conflicto armado interno. Al mismo tiempo que ayude a cerrar las heridas de los afectados en general, en perjuicio de aquellos que lucran manteniendo abiertas las heridas.

La amnistía general es otra necesidad

Una extraña coincidencia dirían muchos al escuchar hablar del mismo tema a personajes de colinas opuestas: Valle Riestra, Armando Villanueva y algunos generales de las Fuerzas Armadas por un lado y Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y sus seguidores, por el otro. Pero nadie que se precie de conocer algo de la historia de nuestro país y que se sienta identificado con la necesidad de darle una salida política a un proceso político –como fue la guerra de los ochenta–, puede mantenerse en silencio o ponerse en contra de esta necesidad.

Han transcurrido 30 años del inicio de la guerra interna y algo más de 17 (años) del término de ésta y, sus secuelas, han sido sumamente dramáticas.

Durante las dos primeras décadas, según información de Amnistía Internacional, 21 mil personas han pisado las cárceles y, continúan presos, algo más de 370 (350 acusados por “terrorismo” de los 21 mil y 18 militares por violación a los “derechos humanos”), 748 militares con procesados encima, 70 mil muertos, 4,500 fosas clandestinas con más de 15 mil desaparecidos, alrededor de 5 mil requisitoriados, cientos de expatriados, millones de hogares principalmente del campo en un completo abandono y una legislación antiterrorista, hecha para la guerra y que hoy, al amparo de sus disposiciones, se norma en contra de la protesta social. Eso es lo que se observa luego del término de la guerra, una guerra que, más allá del deseo de muchos –cuando se piensa que no debió ocurrir jamás–, simplemente se dio y, lo cierto es que ha terminado, pero con resultados que reclaman una salida política.

Una salida política ¡para todos!, no para unos o para otros, sino ¡para todos! Una salida que permita el compromiso de los militares para ir ubicando las fosas y los cuerpos de seres humanos que desaparecieron (principalmente durante 1983 y 1984), sin la férula de la posterior sanción penal que, luego de 20, 25 y 30 años no tiene mayor sentido. Y si se acusa de estar a favor de la impunidad, la respuesta es clara: la impunidad es problema del Estado que no sancionó oportunamente y que recibió la “bendición” de la Comisión de la Verdad, permitiendo que algunas personas incluso murieran sin asumir sus responsabilidades (caso Belaúnde, Noel Moral, etc.).

La historia debe cerrar este capítulo y abrir otro. Cerrar un capítulo de la historia reciente dándole salida política a los problemas derivados de la guerra interna.

Una nueva y buena tendencia

La conducta revanchista mostrada por un grupo de miraflorinos contra la liberación de la norteamericana Lori Berenson, sentenciada a purgar condena por delito de “terrorismo”, felizmente no ha pasado de ser un hecho casi anecdótico y, la venganza, el odio y los rencores, han dejado de ser una tendencia en el país.

Es más, aquella postura –reservada a cierto sector de la sociedad peruana– hasta parece haber sido útil en algún sentido, pues ha permitido ponderar el estado actual de la percepción de los peruanos.

Un ensayo (véase en la tabla siguiente) de lo que puede significar una evaluación en gran escala y a una muestra de mayor volumen de peruanos, nos plantea esa posibilidad. La mayoría (88%) no está por la venganza: no está por solidarizarse con expresiones como aquella que se lanza contra Berenson: “Es una terrorista, no merece el perdón de la sociedad”, en cambio la idea de que “La guerra interna ha concluido. Ya es hora de terminar con las venganzas”, comienza ha tomar cuerpo.

Una salida política, una solución política es una necesidad.

                                        Fuente: Encuesta realizada en el blog http://revistaconsentido.blogspot.com/ entre el 2 y 6 de junio de 2010.