Revista Con Sentido. La requisa realizada el último fin de semana por el Instituto Nacional Penitenciario-INPE, orientada especialmente al pabellón “B” del Penal de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentran más de 40 internas acusadas por el delito de terrorismo, comienza a exponer sus verdaderas intenciones gracias a las denuncias formuladas a través de diferentes medios de comunicación por familiares, abogados y por las mismas prisioneras que fueron víctimas de una brutal agresión durante el operativo policial.
Según denuncia de las agraviadas, la incursión de más de 300 efectivos del orden, tuvo el claro objetivo de justificar el anuncio presidencial –hecho hace algunas semanas– con el cual García Pérez ofreció personalmente impedir que “salga algún terrorista” de las cárceles peruanas, apropósito del pedido de libertad condicional de un grupo de prisioneros que cumplen condena efectiva por más de 15, 20 y 22 años.
García Pérez, atendiendo a los requerimientos del sector más conservador de la derecha peruana, a la que representa actualmente, formuló este comentario asegurando además que el pedido de amnistía promovido por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, insólitamente es –para él– delito de “apología al terrorismo” e insistió que no dejará en libertad a ningún terrorista, atribuyéndose la potestad de conceder o no libertad a prisioneros encausados en delitos políticos y, a su vez, evidenciando su injerencia en las decisiones judiciales.
La requisa ha sido considerada ilegal por los abogados y las mismas internas, pues viola lo establecido en el Artículo 107º del Código de Ejecución Penal al no haber existido autorización de parte de la Dirección del Establecimiento Penitenciario para el ingreso de personal policial (presencia que se encuentra prohibida expresamente por Ley). Dicha ilegalidad alcanza a la propia Fiscal Provincial Penal de Turno, Rosario Quico Palomino, quien, además de prevaricar, habría cometido abuso de autoridad, al permitir la brutal agresión contra las 40 internas y dos bebés.
Como en los viejos tiempos, GESTAPO peruana actuó con saña.
Al puro estilo de los años noventa, alrededor de cien efectivos de la Dirección Nacional contra el Terrorismo –calificada entonces como una especie de GESTAPO peruana–, intervinieron el penal de Mujeres de Chorrillos acompañados de doscientos uniformados del Grupo Operativo Especial del INPE, provistos de armas de fuego, chalecos antibalas, escudos y cascos, con la finalidad de reducir a 40 mujeres, la mayoría de ellas con edades por encima de los 50 y 60 años de edad.
Luego de la violenta incursión, los esbirros procedieron a golpear a las internas, desnudándolas y desarrollando sus revisiones humillantes y vejatorias, robando y destruyendo los pocos materiales de trabajo de las internas, así rezan así las múltiples denuncias hechas por las prisioneras.
Las imágenes mostradas por la televisión –sigue la denuncia– solo exponen parte de los hechos. No registran los momentos de la agresión y de los tratos humillantes contra las internas, abuso que ha regocijado al Ministro Rafael Rey Rey y a un sector de medios de información adictos a las posturas autoritarias del régimen. Sin embargo, la reacción de algunos analistas y políticos no se ha dejado esperar. La propia Rosa María Palacios, conocida por su adhesión a posturas intolerantes, señaló que no se podían incautar libros y documentos, aún aquellos de contenido comunista. “Qué pueden leer los comunistas? ¡Literatura comunista!, es obvio”, aseguró la periodista, en clara observación al despropósito de incautar los libros y documentos de la biblioteca del pabellón.
Ciertamente, este tipo de requisas no se vio en los últimos ocho años, debido a que en todo este tiempo, el comportamiento político de las prisioneras se ajustó al riguroso respecto a las normas penitenciarias, situación que era de conocimiento del gobierno central y de las autoridades del INPE. No obstante, la búsqueda de argumentos orientados a evitar que las internas recuperen su libertad, aún de aquellas que han superado el límite de su encarcelamiento, ha devenido en una irracional requisa que se produjo en medio de una agresión humillante.
Elena Iparraguirre habla de una operación desproporcionada refiriéndose al número de efectivos y a la forma de intervención. Eso puede entenderse si se toma en cuenta que las instalaciones del pabellón solo resiste un aforo de 150 personas y fueron más de 300 los agentes que intervinieron. A ese número debe añadirse la cantidad de internas por delito de terrorismo que suman 40 y más de 60 por delito común.
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