La addenda suscrita el 6 de agosto último modifica aspectos medulares del contrato firmado secretamente en la ciudad de Lima por el representante de la Municipalidad de Huamanga, Germán Martinelli en su condición de Alcalde y los representantes de Terrapuerto Plaza Wari, empresa que habrá de administrar el Terminal terrestre.
Y si bien esta modificación fue solicitada a iniciativa del Comité Especial de Concesión del Terminal Terrestre de la Municipalidad de Huamanga, situación que podría entenderse como un interés por mitigar el descontento generalizado a raíz del cuestionamiento de la indicada concesión o de corregir aspectos lesivos en el contrato a los intereses de la comunidad ayacuchana; lamentablemente, dicha addenda no trasluce esta intención. Por el contrario evidencia algo sumamente grave: Martinelli se compromete a resolver la titularidad de los terrenos donde ha sido construido el Terminal Terrestre en un lapso no mayor de 6 meses, en caso contrario –indica el documento–, quedará resuelto el contrato con implicancias perjudiciales para los intereses de la comunidad ayacuchana.
El segundo párrafo del numero 4.9, sorprendentemente, señala “El concedente (La Municipalidad Provincial de Huamanga) asume la obligación de concluir el proceso de inscripción registral de los terrenos y edificaciones del Terminal a su costo. Si esta formalización no ocurre en el plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción del contrato de concesión, y las partes no convinieran la renovación de dicho plazo, el concesionario podrá optar por invocar la caducidad del contrato por culpa del concedente.”
La gravedad del tema, según denuncia de los representantes de la Alianza Política TUNA, es que dicho terreno enfrenta un litigio con sus antiguos propietarios (la familia Escarcena), razón por la cual, el Gobierno Regional de Ayacucho, antes de transferirlo a la Municipalidad de Huamanga, no logró inscribirlo en la Superintendencia de Bienes Nacionales. Esto haría presumir que la referida addenda habría sido formulada deliberadamente para favorecer a la empresa concesionaria, por cuanto la solución al tema de la titularidad de dicha propiedad estará sujeta al proceso penal que se sigue en el poder judicial y como se sabe, los procesos judiciales en el Perú superan cualquier pronóstico en términos de plazos.
En tal sentido, es evidente que el compromiso asumido a iniciativa propia por la Municipalidad de Huamanga a través de su Alcalde, no encuentra mayor propósito que allanar el camino a la empresa para invocar la caducidad del contrato por “culpa” del concedente.
Lo otro es que en seis meses, Germán Martinelli –candidato a la reelección con exiguas posibilidades de victoria, según las últimas encuestas– habrá dejado la Municipalidad de Huamanga y, será el nuevo alcalde el que cargue con los pasivos de un contrato deleznable e inicuo, obligándose a pagar cualquier indemnización que exija la empresa concesionaria o, a lo mejor, viéndose sometida a cualquier otro arreglo para evitar el pago de una incalculable indemnización.
La concesión del Terminal terrestre ha enfrentado un sostenido cuestionamiento de parte de muchos sectores sociales de la región, merced al conjunto de irregularidades y de sospechosas decisiones municipales, como el de la aprobación de la ordenanza que aprueba la estabilidad tributaria, documento con el cual quedó lacrado el contrato de concesión y sin posibilidad de modificación alguna.
Lo que parece absurdo es que la modificació del contrato exige a la empresa la construcción de un ascensor y una escalera mecánica como si el edificio tuviera diez o más pisos. Y lo cierto es que son solo dos niveles y será el primero el que utilicen los pasajeros para embarcar o desembarcar de los carros.
El dato:
Una reciente encuesta realizada por la revista mensual de análisis político Con Sentido confirmó el amplio rechazo a la suscripción del contrato promovido por el alcalde Martinelli y la empresa Terra Puertos. Véase edición Nº 22, agosto 2010.
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